Naturaleza jurídica y fundamento constitucional de la potestad punitiva de la administración del Estado

Abstract

La atribución de la potestad sancionadora de la Administración del Estado constituye una realidad en exponencial crecimiento, no solo en cuanto al número de organismos a los que legalmente se les ha atribuido tales potestades, sino que también en cuanto a la lesividad de estas. En este sentido, la Administración puede establecer determinados hechos, calificarlos como contrarios a derecho e imponer la correspondiente sanción, sin embargo es del todo cuestionable ya que es de conocimiento público que la aplicación de una sanción o pena debe regirse por el principio de legalidad y debe imponerse por el ente judicial. La Administración al imputar determinadas sanciones administrativas en distintos sectores –medio ambiente, materia eléctrica, sanitaria, construcción, etc.– estaría vulnerando lo preceptuado en nuestra Constitución en el artículo 19 N° 3, inciso 5. El presente artículo tiene por objeto realizar un breve análisis al Derecho Administrativo Sancionador, especialmente su naturaleza jurídica y la constitucionalidad de la potestad punitiva de la Administración.